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Amistades peligrosas
Antón Costas 3 JUN 2012 - 00:12 El País
Con el paso del tiempo, los historiadores podrán documentar mejor lo que hoy, no obstante, es ya una evidencia muy clara: la causa principal de lo que nos está pasando son las relaciones incestuosas que se fueron creando a lo largo de las últimas décadas entre banqueros y políticos. Esas relaciones se han convertido en amistades peligrosas cuyas consecuencias estamos pagando, de formas diversas, todos los ciudadanos.
El factor que explica mejor la mayor intensidad en España de la recesión, del desempleo y de la pobreza en comparación con otros países no es nuestro mercado de trabajo, sino la mayor sequía de crédito. Por lo tanto, esos mayores costes económicos y sociales de la crisis hay que contabilizarlos en el pasivo de esas relaciones entre banqueros y políticos.
El no querer exigir responsabilidades está llevando al Gobierno a buscar soluciones que no son tales, sino amaños para ocultar y no exigir responsabilidades. El caso de Bankia es paradigmático. Solo encuentro una explicación inteligible a la forma técnicamente tan torpe como se está gestionando políticamente su grave situación financiera: que a pesar de todo lo que llevamos vivido aún no se han roto esas amistades peligrosas entre banqueros y políticos. No se ha querido responsabilizar a los antiguos directivos y consejeros de los fracasos de gestión y los desmanes, porque eso fueron, entre otras, las operaciones de venta fraudulenta de las preferentes a ahorradores y pensionistas incautos abusando de su confianza, o la precipitada salida a Bolsa, que ha dejado a miles de pequeños inversores en la ruina.
¿Cómo explicar que hasta ahora, al contrario de lo que en EE UU o Reino Unido, ningún Parlamento, ya sea el de Madrid o de las autonomías, haya abierto una investigación sobre esas responsabilidades? Solo tomando en consideración esas amistades es posible entender esta inacción política.
Pero dado que las consecuencias no se han acabado, como diré más adelante, vale la pena ver cómo se fueron articulando esas amistades peligrosas.
En primer lugar, durante la etapa de burbuja de crédito y del boom inmobiliario se fueron configurando unas relaciones de connivencia e interés mutuo entre banqueros y políticos. Los primeros financiaron proyectos públicos o privados de discutible rentabilidad a largo plazo y, a cambio, los segundos, que tenían responsabilidades de supervisión, a nivel autonómico y central, cerraron los ojos al elevado riesgo crediticio y su concentración, una actividad tan volátil como la promoción inmobiliaria y la compra de suelo. Esos riesgos fueron mucho más elevados allí donde la amistad fue más próxima e incestuosa, como en el caso de Castilla-La Mancha, Valencia y Madrid, entre otros. La consecuencia fue que el balance de muchas cajas y bancos se llenó de activos de riesgo valorados en balance a precios muy inflados.
Cuando el flujo de crédito internacional se acabó y cajas y bancos no pudieron seguir endeudándose, la burbuja inmobiliaria pinchó y la economía entró en recesión. Los precios de esos activos se desplomaron, quedando en los balances como elementos tóxicos que amenazaban la solvencia e impedían a la banca ejercer la función social que la justifica: suministrar crédito a empresas y familias.
En ese momento, como ocurre cuando los riñones de una persona dejan de funcionar como consecuencia de años de ingerir sustancias tóxicas, la terapia adecuada era practicar una diálisis bancaria; es decir, conectar los bancos intoxicados al sector público (nacionalización) para extraer los elementos tóxicos y sanear los bancos para que pudiesen seguir haciendo su función de suministro de crédito al cuerpo económico.
Pero esa diálisis es cara y hay que hacerla con recursos públicos, como hicieron EE UU o Reino Unido. Para ello había que explicar a los contribuyentes que convenía rescatar a los bancos, pero no a los banqueros, y que se iban a exigir responsabilidades de todo tipo a directivos, accionistas y acreedores, impidiendo sobresueldos, indemnizaciones, pensiones de escándalo y dividendos ficticios. Es decir, como hizo Suecia en 1992 en circunstancias similares, cuando practicó esa diálisis creando los llamados bancos malos, pero buscando legitimidad política para hacerlo.
Pero en España, al no querer exigir esas responsabilidades, primero el Gobierno de Rodríguez Zapatero y ahora el de Mariano Rajoy, buscaron las soluciones en amaños que acaban complicando las cosas. Eso es lo que ha ocurrido con las fracasadas fusiones de conveniencia, como si la biología y el sentido común no nos enseñase que la unión entre un infectado y uno sano no acaba con los dos infectados. O con la torpe gestión del caso de Bankia, una muestra clara de que esas amistades peligrosas continúan condicionando la solución a la crisis bancaria. Y con ella, la salida a la crisis y la vida de muchos ciudadanos.
Por desgracia, los efectos dañinos de esas amistades son aún más amplios. La dimisión forzada del gobernador del Banco de España es un ejemplo, con lo que significa de pérdida de reputación de una institución básica. Como lo fue antes la perdida de reputación de la Intervención General del Estado. O la pérdida de virtudes cívicas que provocará la amnistía fiscal a los ricos. O la amnistía penal concedida hace unas semanas a algunos banqueros. Estamos ante un quebranto de virtudes cívicas e instituciones que son esenciales para buen funcionamiento de la economía, la sociedad y la democracia. Virtudes e instituciones que una vez deterioradas será muy difícil reconstruir.
No sé de donde puede venir, pero necesitamos con urgencia una regeneración de la política que acabe con la cultura de irresponsabilidad de las élites financieras.